Un año de la muerte de Jorge Durán

A un año de la muerte de Jorge Durán, su esposa Lisbeth Torres: “El Estado debe investigar qué fue lo que pasó con mi esposo”

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Bolívar: 95 dirigentes sindicales están sometidos a procesos penales

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¡Unidad sindical! El día 19 de este mes se realizará una gran concentración laboral en Valencia

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Las sentencias de la Corte Interamericana. Artículo de Marino Alvarado

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Sindicalistas y trabajadores en la mira. Más de 200 están con libertad restringida.

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Defensoría y Fiscalía revisan estado de salud del dirigente William Saud

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Actualizado monitoreo de conflictividad reportada en la prensa

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William Saud, preso en Guayana, necesita ayuda

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Actualizado monitoreo diario de conflictividad reportada en la prensa

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Conflictividad y protesta social en Venezuela: En febrero aumentó la conflictividad

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Cárceles/Mérida: Cuatro muertos y 13 heridos dejó motín en el Centro Penitenciario de la Región Andina.

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6 enseñanzas del caso Rubén González. Artículo de Rafael Uzcátegui

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Entrevista en Correo del Caroní: Rubén González llama a vencer las trabas ideológicas.

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Foro por la Vida, Coalición de Organizaciones No Gubernamentales de Venezuela, rechaza sentencia contra Rubén González

Condena a sindicalista Rubén González pretende intimidar liderazgo sindical alternativo, criminalizando  la protesta y el derecho a las manifestaciones públicas.

El Foro por la Vida, Coalición de Organizaciones No Gubernamentales de Venezuela, desea expresar su rechazo ante  la sentencia de 7 años y 6 meses contra el defensor de derechos laborales Rubén González. La condena dictada el 28.02.11 por el Tribunal Sexto de Juicio en función penal del estado Bolívar, a cargo de la Jueza Magda Hidalgo, confirma las denuncias realizadas por las organizaciones de derechos humanos y sociales acerca de la política de criminalización de la protesta en el país.  Asimismo reitera las irregularidades presentes en el sistema de administración de justicia, al dictar una sentencia sin las garantías de un debido proceso  y de espaldas a la Constitución.

El gobierno desatendió la recomendación del Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que exhortó al gobierno no solo a declarar su inmediata liberación sino a indemnizarlo por daños y perjuicios causados. Rubén dignifica la condición  de dirigente sindical comprometido con los trabajadores: Al escuchar la sentencia respondió “Estaré preso, no importa, así está la justicia en nuestro país. Pero hice lo que tenía que hacer”. Está tras las rejas por reivindicar el derecho a exigir derechos.

Datos recopilados por las organizaciones de derechos humanos reflejan un amplio descontento en el sector laboral del país. De las 3315 protestas que se produjeron en 2010 más de 30% fueron protestas laborales. Además, existen más de 2500 personas sometidas a regímenes de presentación en tribunales por haber ejercido su derecho a la manifestación pacífica. El gobierno conoce que el estado Bolívar,  y particularmente Guayana, viven una situación de alta conflictividad social producto de irregulares condiciones laborales, estancamiento e incumplimiento de la contratación colectiva e ineficiencia en la gerencia de las empresas.  Por ello la sentencia contra el dirigente gremial no puede analizarse sin el contexto que la genera: La necesidad de una medida ejemplarizante para intimidar la exigencia de derechos laborales.

La condena a Rubén González es una clara demostración que el gobierno le teme al protagonismo popular que interpela a los poderes públicos. Le teme al surgimiento de un movimiento sindical clasista que imponga una agenda social de lucha por mejorar las condiciones de vida y trabajo de los trabajadores.

El artículo 97 de la CRBV garantiza a los trabajadores y trabajadoras el derecho a la huelga, por lo que la sentencia que condena a Rubén González es claramente inconstitucional y tiene como objetivo coartar la libertad sindical y criminalizar el legítimo derecho  la a protesta.

Pese a la criminalización de la protesta reivindicamos el derecho a exigir derechos. Defendamos las condiciones democráticas que permitan la defensa de los derechos que nos garantizar la Constitución y los convenios internacionales de derechos humanos.

En consecuencia, exhortamos al sistema de administración de justicia, especialmente el tribunal de alzada que conocerá del caso en apelación, a respetar las garantías del debido proceso y dictar una sentencia apegada a la Constitución en garantía del derecho a la huelga de los trabajadores.

Exhortamos a la Defensoría del Pueblo a que haga uso de las atribuciones que le confiere la Constitución y la Ley y se pronuncie sobre la actuación de la Fiscalía y los Tribunales en el caso.

Exigimos el cese de la criminalización de la protesta en el país, donde el uso del sistema penal se ha convertido en un mecanismo para intentar silencio las denuncias y reclamos de la sociedad.

Caracas, 01.03.11

Vocería Foro por la Vida

PROVEA- Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos

Espacio Público

Justicia y Paz Nacional

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Caracas: Foro por la Vida convoca a concentración en rechazo a la condena de Rubén González


 

Caracas: Foro por la Vida convoca a concentración en rechazo a la condena de Rubén González

Foro por la Vida convoca a una manifestacion en rechazo a la condena que desconoce el derecho a la manifestacion en Venezuela, especial por el caso del dirigente sindical, Ruben Gonzalez, quien desde el 2009 se encuentra privado de su libertad por organizar una huelga en su condición de Secretario General del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera, fue condenado a 7 años y seis meses de prisión, este 28 de febrero.

Lugar:  Fiscalía General de la República. Parque Carabobo
Hora: 10 am
Fecha: Miércoles 2 marzo
Índice de informaciones sobre el caso de Rubén González publicadas por @_provea http://bit.ly/eZvMJE
Índice de informaciones sobre el caso de Rubén González publicadas por nosotros http://bit.ly/eFhKYy

Provea: Huelga de hambre se generaliza en Venezuela, 31 protestas en 2011

Caracas, (Efe).- La huelga de hambre se ha extendido en Venezuela como medida de presión para exigir las más diferentes reivindicaciones, en lo que expertos y analistas ven como una radicalización del escenario político y de las formas de defender los objetivos.

La organización no gubernamental (ONG) de derechos humanos Provea, la más importante de Venezuela, asegura que en lo que va de año se han producido 31 huelgas de hambre en Venezuela, 15 de ellas relacionadas con la que impulsó un grupo de estudiantes frente a la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Estos jóvenes opositores mantuvieron el ayuno durante 23 días hasta ayer, martes, para presionar por la liberación de 27 supuestos presos políticos, lo que generó que otros opositores los secundaran en pequeñas protestas similares en otros puntos del país.

Más allá de esta protesta, en apenas dos meses se han producido otras 16 huelgas de hambre, lo que ratifica la alta conflictividad del país y la tendencia a las medidas extremas a la hora de hacer reivindicaciones.

La última comenzó hoy frente a la sede del Programa de Naciones para el Desarrollo (PNUD), donde tres estudiantes de la Universidad de Los Andes, reivindican un presupuesto justo para la institución educativa, según informó el canal de televisión Globovisión.

“El Observatorio de Conflictividad Social de Venezuela del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso) ha contabilizado 408 protestas en lo que va de año” en Venezuela, dijo a Efe el investigador de Provea, Marco Antonio Ponce, al referirse a las protestas en general en este país.

Para la ONG es significativo el hecho de que en el año 2008 se produjeron 1.763 protestas, según sus datos, cifra que pasó a 2.893 en 2009 y siguió en ascenso hasta las 3.315 en 2010.

“Desde hace 4 años hemos visto un incremento importante en el número de acciones de calle”, dijo Ponce, al agregar que “este aumento demuestra que la gestión pública venezolana no está a tono con las demandas de la población”.

La huelga de los jóvenes ante la OEA culminó el martes tras lograr, de acuerdo con los manifestantes, que el Gobierno de Hugo Chávez mejorara las condiciones de reclusión de algunos presos y se comprometiera a evaluar la situación de otros.

“Se ha demostrado que la población venezolana sale a protestar porque los organismos oficiales no dan respuesta y el último recurso es la huelga de hambre”, apunta Ponce.

El director de la firma encuestadora Datanálisis, Luis Vicente León, señala que en Venezuela se ha producido “un proceso de radicalización importante en los métodos de protesta porque Chávez también ha radicalizado su revolución”.

Afirma que la huelga de hambre suele ser usada para lograr atención nacional e internacional, después de que se han probado diferentes métodos de reclamo sin obtener respuesta.

“Hay también un tema político en todo esto, y no me refiero a la reciente huelga estudiantil, pero sin duda hay una explotación política del tema y no todos los que empiezan estas huelgas están dispuestos a llegar hasta el final”, subraya León.

Hay quienes, agregó, inician huelgas de hambre “prostituyendo el instrumento de protesta” pues no están dispuestos a llegar hasta el final “y el efecto se diluye”.

Consultada sobre el tema, la directora de la Defensoría del Pueblo, Gabriela Ramírez, indicó a Efe que no tenía datos “en la mano” por lo que prefirió no contestar.

Mientras tanto, tres ex trabajadores de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) aseguraban hoy que llevan 36 días sin probar bocado exigiendo derechos laborales frente a la sede administrativa de la Asamblea Nacional (AN) y que van a llegar “hasta el final” con su protesta.

“El Ministerio del Trabajo dijo que PDVSA tenía que reengancharnos en nuestros puestos pero no lo han hecho porque aquí no hay estado de derecho y no se respetan los contratos colectivos”, dijo a Efe Johan González, de 32 años.

González inició la huelga junto a otras siete personas exigiendo su reintegro al puesto de trabajo, pero sólo quedaban tres huelguistas en el sitio.

“A Nixon Gallardo se lo llevó ayer la Cruz Roja porque estaba muy mal y no sabemos cuando va a regresar”, comentó González, que aseguró haber acudido a todas las instancias oficiales para que su caso y el de sus compañeros fuera resuelto sin lograr resultados.

“Por eso llegaremos hasta el final”, dijo.

Fuente: http://www.notitarde.com/notitarde/plantillas/nota.aspx?idart=1259819&idcat=9857&tipo=2

CIDH reitera necesidad de prevenir actos de violencia en Cárcel de Uribana

COMUNICADO DE PRENSA

No. 14/11

Washington, D.C., 22 de febrero de 2011 – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresa su profunda preocupación por las personas que resultaron muertas y heridas en el Centro Penitenciario de la Región Centro Occidental de Venezuela, Cárcel de Uribana, como resultado de la denominada práctica de El Coliseo, y reitera al Estado la necesidad de adoptar medidas inmediatas y eficaces de prevención para evitar la repetición de hechos similares.

De acuerdo con la información recibida, el martes 15 y el miércoles 16 de febrero de 2011, perdieron la vida dos internos y al menos 54 resultaron heridos en hechos de violencia acaecidos en la Cárcel de Uribana, específicamente como resultado de la práctica denominada “El Coliseo”. Estos hechos de violencia habrían estado relacionados a rivalidades entre reclusos.

En noviembre de 2010 la Comisión Interamericana expresó su preocupación por la práctica delColiseo, consistente en riñas colectivas organizadas y programadas periódicamente por los reclusos. La CIDH hizo en ese momento un llamado urgente a las autoridades penitenciarias a ejercer el control efectivo de la seguridad interna de la Cárcel de Uribana y a poner fin a esta práctica.

La Comisión Interamericana considera que la persistencia de esta práctica aberrante y sanguinaria denominada El Coliseo pone de manifiesto la falta de control efectivo de las autoridades penitenciarias.  Estas riñas colectivas se realizan en los espacios abiertos de la cárcel, a cualquier hora del día y ante la mirada pasiva de las fuerzas de seguridad. Pese a haberse convertido en un fenómeno de conocimiento público ampliamente difundido por medios de comunicación locales e internacionales, el Estado aún no ha adoptado medidas concretas para prevenir su repetición. En este sentido, la CIDH reitera que el Estado se encuentra en una posición de garante respecto de las personas privadas de libertad, y como tal tiene el deber irrenunciable de garantizar los derechos a la vida e integridad personal de las personas bajo su custodia.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos otorgó en febrero de 2007 medidas provisionales con respecto a dicho centro penitenciario y requirió al Estado que “adopte de forma definitiva e inmediata, las medidas provisionales que sean necesarias y efectivas para evitar la pérdida de vidas y los daños a la integridad física, psíquica y moral de todas las personas que se encuentran privadas de libertad en la Cárcel de Uribana”.

La CIDH considera que la situación de la Cárcel de Uribana es una muestra muy ilustrativa de una realidad penitenciaria mucho más amplia y compleja, caracterizada fundamentalmente por la incapacidad de las autoridades venezolanas de controlar la seguridad interna de las cárceles, y por ende de garantizar la vida e integridad personal de los reclusos. El resultado de estas graves deficiencias estructurales se evidencia en las cifras de muertes violentas que se registran anualmente en las cárceles de Venezuela. De acuerdo con información proporcionada por el propio Estado en el periodo 2005-2009 murieron 1,865 reclusos y 4,358 resultaron heridos en hechos de violencia en centros penitenciarios.

En este sentido, la CIDH reitera al Estado que la grave situación en las cárceles venezolanas demandan del Estado venezolano la implementación de acciones con impacto inmediato en la situación de riesgo en que se encuentran las personas privadas de libertad sujetas a la custodia estatal. Asimismo, insta al Estado a adoptar de inmediato las medidas necesarias para adecuar las condiciones de detención en los centros de reclusión venezolanos a los estándares internacionales, así como también a desplegar acciones inmediatas, más allá de los planes a mediano o largo plazo, para garantizar la vida y la integridad personal de las personas privadas de libertad en Venezuela.

Entre las medidas concretas que tanto la Comisión como la Corte Interamericana han indicado a Venezuela en diversas ocasiones están: (a) la reducción de la sobrepoblación y el hacinamiento carcelarios; (b) el decomiso y control de ingreso de armas y sustancias ilícitas a las prisiones; (c) el establecimiento de sistemas eficaces para garantizar la separación entre procesados y condenados; (d) dotar a los centros penitenciarios de personal de custodia suficiente, capacitado, dotado de medios necesarios para desempeñar adecuadamente sus funciones; y (e) investigar de manera seria y efectiva los hechos de violencia ocurridos al interior de los centros de privación de libertad.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

Enlaces útiles:

Informe Democracia y Derechos Humanos en Venezuela

Comunicado de Prensa No. 110/10: CIDH deplora actos de violencia entre internos en cárcel de Venezuela

Corte IDH. Asunto Centro Penitenciario de la Región centro Occidental: Cárcel de Uribana respecto de Venezuela:

El país de las protestas. Reportaje de Patty Fuentes Gimón

En enero se registraron al menos 408 manifestaciones, por motivos culturales, económicos y sociales. Las huelgas de hambre se hacen cada vez más frecuentes frente a la ausencia de respuestas por parte del Estado

Por: Patty Fuentes Gimón

Venezuela es el país de Latinoamérica donde se registran más protestas. Nada más durante enero de este año el Observatorio de Conflictividad Social de Venezuela del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso) contabilizó 408, lo que representa un incremento de casi 14% respecto al mismo mes de 2010, en el cual fueron 359 las protestas.

De acuerdo con dicho centro de investigación, en los últimos diez años 78% de las exigencias han sido económicas, culturales y sociales. Lo que va de 2011 no es la excepción, pues en enero se presentaron 143 manifestaciones orientadas hacia los derechos laborales (35%), 121 solicitudes de una vivienda digna (30%) y 83 educativas (20%). El resto de las protestas fue con motivo de la seguridad ciudadana, participación política y justicia.

Los trabajadores son quienes más se movilizan en defensa de sus puestos, discusiones de contrato colectivo, pago de pasivos, entre otros. “La tasa de desempleo (6,5%) y la ausencia de políticas cónsonas con las demandas de los trabajadores mantienen vivas las protestas”, explica Marco Antonio Ponce, investigador de conflictividad social de Clacso.

Una situación similar ocurre con los vecinos, afectados por las lluvias de diciembre que dejaron a alrededor de 300 mil familias damnificadas y que aún no han obtenido solución a su problema.

El estudio del Observatorio de Conflictividad Social estima que el Estado tiene una deuda de 3 millones de unidades habitacionales. “Las promesas presidenciales de construcción y entrega de 80 mil viviendas en dos años para los afectados, que representa apenas 2,7% del déficit total, no sintonizaron las expectativas de los damnificados, quienes emplearon el cierre de calle como principal mecanismo de protesta pacífica”, se señala en el texto.

RADICALIZACIÓN DE LAS LUCHAS SOCIALES

Los datos de Clacso revelan que en lo que va de año se han registrado 29 huelgas de hambre en el país, de las cuales 21 todavía están activas. “La tendencia se sigue incrementando en comparación con los últimos dos años. En 2010, fueron 105 en total y en 2009, al menos cinco. Las huelgas de hambre son las protestas más pacíficas, pero también las más peligrosas porque los participantes atentan contra su propia vida para llamar la atención”, explica el investigador de Provea.

Ponce afirma que este recurso es efectivo dependiendo del contexto en el que se desarrolle. “Infortunadamente, el Gobierno ha tenido poca sensibilidad social frente a las huelgas de hambre y así lo demostró con la muerte de Franklin Brito. Poco después, unos productores portugueses iniciaron una protesta de este tipo e, inmediatamente, obtuvieron respuesta porque el Estado quería enviar el mensaje de que no había sido el culpable del fallecimiento de Brito”, añade.

El politólogo Herbert Koeneke coincide con Ponce e indica que “en cualquier democracia verdadera, las huelgas de hambre son instrumentos efectivos, pero en Venezuela casi no tienen consecuencia porque el Gobierno descalifica a quienes protestan”.

Ambos expertos aseguran que el Estado intenta conducir la conflictividad social con estrategias de opinión pública. Un ejemplo de esto es la visita que el ministro El Aissami realizó el jueves a los 19 huelguistas frente a la OEA, pero no atendió sus peticiones.

“El tema de los estudiantes tiene impacto internacional, por lo que el Gobierno quiere dar la imagen de que está dialogando con ellos, pero no responde a su problemática. Lo importante es que estos jóvenes sienten el deber frente al país de hacer cumplir la Constitución”, dice Ponce.

Para Koeneke, el Estado está usando la imagen de El Aissami por haber sido dirigente estudiantil. “Ese es el mensaje encubierto. Luego dirán que trataron de lograr un consenso, pero no pudieron por la posición de los `pitiyankees’”, agrega.

Fuente: http://www.talcualdigital.com/Avances/Viewer.aspx?id=48655&secid=28

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Información relacionada:

Marco Antonio Ponce.    Conflictividad y protesta social en Venezuela: Enero reportó altos niveles de conflictividad social 5 Febrero 2011    Leer

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